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El afán político por inflar los títulos académicos

El que sería el nuevo director de Centro Nacional de Memoria Histórica, el comunicadorVicente Torrijos, entró al huracán de la opinión pública después de que la Universidad del Rosario por medio de un comunicado informará su desvinculación como docente, por una supuesta alteración en sus estudios académicos.

Al parecer, un contrato que suscribió Torrijos con el Ministerio de Defensa, donde un requisito era tener un doctorado, él aseguró en la hoja de vida que tenía un Doctorado en Relaciones Internacionales y un Post Doctorado en Asuntos Estratégicos.  Y así, se ha presentado en otros escenarios y hasta en su perfil montado en su pagina web afirma: “cursó el doctorado en Relaciones Internacionales y culminó su estancia postdoctoral en Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa”.

Este caso, del que sería el encargado de Centro Memoria, terminó con su salida al cargo sin aclarar finalmente sus estudios y el contrato que ganó con el Ministerio de Defensa por tener un supuesto doctorado. Pero Torrijos, no ha sido el único que ha pasado de agache con un tema que más que legal es ético, pues inflar los títulos académicos en Colombia es una costumbre política, al parecer, muy arraigada.

Otros políticos y la duda con sus estudios superiores

Algunos salieron del cargo por falsos documentos, otros evadieron el tema y aseguraron que se malinterpretó su hoja de vida. Por ejemplo, uno de los casos más recordados es el de César Suárez Mira, alcalde de Bello, quien enero de 2017 fue capturado por falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal, todo porque al parecer falsificó su título de bachiller. Suárez, fue liberado y devuelto al cargo pero sigue en un proceso judicial.

El también alcalde, Enrique Peñalosa, estuvo envuelto en polémicas tras una denuncia de los investigadores Juana Afanador y Carlos Carrillo que se dieron a la tarea de comprobar si el mandatario tiene un doctorado en administración pública en Francia, como dice su currículo. En su momento la Alcaldía respondió que la aparición del título en una página web del ente fue un error de un periodista y que ya se había corregido.

También argumentó que el problema de convalidación de los títulos, los cuales Peñalosa adquirió en 1979, se debería a que en la época no había un sistema que validara estudios de esa clase. Los títulos habrían sido aprobados en 1998 tras una sentencia de la Corte Constitucional, según la entidad.

El exalcalde Gustavo Petro, tampoco se escapa de los escándalos por los títulos académicos, pues el periodista Melquisedec Torres, a través de su blog, aseguró que el excanditado presidencial habría puesto en su hoja de vida estudios sin haberlos terminado. Se trata específicamente de una Especialización en Administración Pública en la ESAP, un Magíster en Economía de la Universidad Javeriana, y un Doctorado en Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas de la Universidad de Salamanca, España.

“El hecho de que en cada uno de ellos haya cursado un par de semestres (lo acredita él mismo, con su firma pero no hay constancias) no lo convierte, ni a él ni a nadie, ni en Doctor ni Magíster ni Especialista”, dijo Torres en su momento. El tema no trascendió y la denuncia fue archivada.

El intento de muchos por inflar sus títulos académicos les ha generado cierta desconfianza por parte de la opinión pública. Y hasta el presidente Iván Duque se vio envuelto en debates gracias a un curso que él tomó, pero que en el momento de su campaña presentó como una especialización en  Negociación en la Universidad de Harvard. En su momento, Duque eliminó de su hoja de vida estos estudios y el tema se quedó allí.

Inflar títulos parece que seguirá sucediendo pues el “doctoritis” está muy presente en la política colombiana, así se ganan los puestos o contratos y las sanciones no llegan. Según la ley colombiana en el Artículo 286 por la: “Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.

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