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El Senado Canadiense se encuentra actualmente inmerso en un proceso de evaluación de un proyecto de ley que propone la creación de un programa de renta básica garantizada en Canadá, una medida que ha sido objeto de intensos debates y discusiones en el país. La organización canadiense que aboga por la implementación de un ingreso básico garantizado se reunió con el Senado en Ottawa el 17 de octubre para abordar los conceptos erróneos y estereotipos que rodean esta propuesta.
El proyecto de ley en cuestión, conocido como S-233, patrocinado por la senadora Kim Pate, busca que el Ministro de Finanzas desarrolle un marco nacional para la implementación de un programa de renta básica vital garantizada (GLBI) en todo Canadá. En la Cámara de los Comunes, la diputada Leah Gazan presentó un proyecto de ley similar. Sin embargo, es importante destacar que ninguno de estos proyectos de ley implementaría realmente un programa de renta básica.
En medio de este debate, uno de los puntos más destacados es el estigma asociado a la pobreza y la asistencia financiera. Algunos argumentan que proporcionar una renta básica podría perpetuar la dependencia y no ayudar a las personas a salir de la pobreza. La senadora Pate refutó este argumento, destacando la necesidad de comprender que un ingreso básico no es una «limosna» sino una medida que puede brindar estabilidad económica a quienes la necesitan.
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Un aspecto crucial en la discusión es el costo de implementar un programa de renta básica garantizada. Según un análisis de la Oficina de Presupuesto Parlamentario (PBO), el costo total aumentaría de 85 mil millones de dólares en 2021-2022 a 93 mil millones de dólares en 2025-2026. La PBO basó sus cálculos en el proyecto piloto de renta básica en la provincia de Ontario, que proporcionó ingresos anuales a los participantes, con un monto adicional para personas con discapacidades. Sin embargo, cada dólar ganado por un beneficiario reduciría 50 centavos del apoyo del programa de renta básica. El oficial de presupuesto parlamentario, Yves Giroux, planteó la posibilidad de financiar un programa de esta magnitud mediante la reducción de la asistencia social a nivel provincial o la revisión de créditos fiscales.
Los defensores de la renta básica vital argumentan que la universalidad de este programa es esencial para garantizar que llegue a todas las personas que necesitan apoyo financiero. La implementación de programas más específicos podría dejar brechas en el sistema, excluyendo a aquellos que también requieren asistencia.
Además, se ha debatido si la introducción de un ingreso básico desincentivaría a los canadienses para trabajar. Según la PBO, el impacto en la oferta laboral sería mínimo, con una disminución estimada del 1.3% en el total de horas trabajadas a nivel nacional. Kathleen Wynne, ex primera ministra de la provincia de Ontario, supervisó el proyecto piloto de renta básica en dicha provincia y sostuvo que el programa motivó a los beneficiarios a ingresar al mercado laboral.
A pesar de la controversia, algunas pruebas sugieren que la renta básica podría tener un efecto positivo en la motivación para encontrar un trabajo mejor remunerado. La discusión sobre la renta básica en Canadá continúa, con un énfasis en su potencial para brindar estabilidad económica y oportunidades a quienes más lo necesitan.
